Estos hechos sucedieron hace años, pero yo no conocía la historia de Valentina Rosendo Cantú, indígena me´phaa de Guerrero, que inició una lucha para lograr que sean procesados y sancionados los militares que en el año 2002 la torturaron y violaron sexualmente. Después de la tortura, cuando Valentina acudió ante las instituciones del sector salud para que se le atendiera, el acceso a los servicios médicos le fue negado pues los doctores dijeron “no querer problemas con los militares”. Lo mismo sucedió cuando Valentina acudió a pedir justicia, su caso obviamente no procedio, ya que por su condición de indigena y mujer no le creyeron y ella misma cuenta que cuando fué a levantar el acta, el ministerio público solo se burlo de ella, pues no hablaba bien español.
Frente a la ineficacia de las instancias nacionales Valentina acudió a la Corte Interamericana, siendo su caso representativo de la violación a los derechos de las mujeres, pues la vulnerabilidad de Valentina se ha acrecentado por su condición de mujer indígena y por la pobreza y marginación que vive el pueblo Me´phaa. Igualmente el caso adquiere relevancia especial en el contexto actual de amplia militarización en México, pues da cuenta de la ausencia de mecanismos de control y vigilancia de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública e investigación de los delitos. Violaciones a derechos humanos como las cometidas contra Valentina, en Guerrero, hace ocho años, hoy son frecuentes en todo el país, desafortunadamente su gravedad carece de un reconocimiento por parte de las autoridades federales y sólo son calificadas como simples “daños colaterales”.
El caso de Valentina no ha sido el único, un mes después del ataque que sufrió Valentina, Inés Fernández Ortega, otra mujer me´phaa de Ayutla de los Libres, Guerrero, que también fue retenida ilegalmente, torturada y violada por soldados del 41 Batallón de Infantería en marzo del 2002.
A falta de justicia en su propio país, Valentina recurrió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Costa Rica en busca de que se le haga justicia y espera que la Corte obligue al gobierno de México a emprender acciones efectivas para procesar y sancionar a los responsables, reparar de manera integral los daños, garantizar la no repetición de estos actos, desmilitarizar los territorios indígenas y crear mecanismos internos para la implementación de las sentencias internacionales.
